La Xunta de Galicia pone en marcha un bono del autónomo de tres mil euros

CIAE ve positivas estas medidas para consolidar el autoempleo

El Autónomo Digital. La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una serie de medidas que pretenden ayudar a consolidar el trabajo autónomo, como el “bono del autónomo“, y que han sido bien acogidas por el colectivo, al menos por la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español. Se trata de una ayuda de hasta 3.000 euros.

La subvención ha sido aprobada este jueves, durante la reunión semanal del Consello de la Xunta, y fue anunciada este lunes por el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijoo, que estima que la medida podrá beneficiar este año a unos mil trabajadores por cuenta propia.

Para poder acceder a la ayuda, los autónomos deberán acreditar 42 meses de actividad y una facturación mínima de 12.000 euros al año.

En una nota de prensa, CIAE valora positivamente la iniciativa: “Están bien los incentivos de la tarifa plana para sacar del paro a los trabajadores y darles una salida hacia el emprendimiento”. Aunque advierten: “Es cierto que muchos de esos nuevos autónomos, cuando dejan de tener esa ayuda, se hunden porque entre los factores negativos que impiden la consolidación se encuentra la fiscalidad española que devora los beneficios de la actividad económica“.

Esta organización de autónomos considera que la Xunta de Galicia, con la aprobación del “bono del autónomo“, es sensible a las necesidades económicas de quienes han rebasado los 42 meses de actividad. Este segmento del colectivo dispone ya de una experiencia que precisa “un pequeño empujón para consolidar el autoempleo y crecer aumentando la contratación”. Del mismo modo, indican, “aplaudimos que la Xunta amplíe el tiempo de cobertura para la tarifa plana de nuevas incorporaciones al autoempleo y el compromiso de destinar 3,5 millones de euros para la formación, sin duda, otro factor imprescindible para que el autoempleo existente se consolide y pueda modernizarse”.

CIAE cree “firmemente” que esta hoja de ruta “basada en iniciativas audaces, eficaces y activas” debería tener su reflejo, como ejemplo a seguir, para el resto de las comunidades autónomas. “Si a nivel estatal ya se ha dado el paso de crear incentivos para estimular el nacimiento de nuevos negocios, se impone con igual criterio consolidar los existentes con un estímulo añadido, esto redundaría en mayor riqueza y más empleo”, señalan.

¿Cómo me devolverán el exceso de cotización si soy autónomo y asalariado al mismo tiempo?

La devolución del exceso de cotización se realizará de oficio, sin necesidad de que el afectado reclame sus derechos.

 

La entrada en vigor de esta medida permitirá que la Seguridad Social devuelva automáticamente los cobros extra que hace a algunas personas que trabajan simultáneamente como asalariados y como autónomos. Los afectados son únicamente aquellos que en su empleo habitual ya cotizan sobre la base máxima. Esto implica que si por ejemplo tienen un salario de 6.000 euros, únicamente cotizarán por los primeros 3.751 euros, pues es la cantidad en la que se establece el límite, teniendo en cuenta la pensión máxima que se puede recibir.

Por tanto, no tiene sentido que una persona que ya alcanza el tope máximo en su cotización de asalariado tenga que pagar además como autónomo. Aunque la medida no ataja el problema de raíz -la Seguridad Social seguirá realizando los cobros-, permitirá que la devolución se efectúe de oficio, sin que el afectado tenga que reclamar sus derechos. Los numerosos trámites burocráticos que implica la solicitud de la devolución provoca que, actualmente, muchos autónomos se resignen a no recuperar su dinero.

Qué debe hacer el autónomo cuando ya tiene el resultado de la Declaración

Aunque todavía hay tiempo hasta el 30 de junio, fecha en la que se puede tramitar la Declaración de la Renta de 2016, desde la asesoría AyudaTpymes han analizado los pasos que los autónomos deben de dar, una vez que ya cuenten con su resultado individual, y en función de si el mismo es positivo o negativo.

En el caso de que la declaración resulte positiva, esto es, que se deba ingresar, los autónomos tienen dos vías para llevar a cabo esta operación. La primera pasa por hacer el pago a través de cualquier entidad bancaria o mediante puntos destinados a tal efecto. Estos espacios son dispuestos tanto por el Ministerio de Hacienda como por los organismos oficiales pertinentes.

Desde AyudaTpymes recuerdan que se puede ejecutar la acción en dos plazos. El primero de los pagos debe llevarse a cabo a la fecha de finalización del plazo de la presentación del impuesto. Se abonará el 60% del total. El segundo plazo se extiende hasta el 5 de noviembre y se deberá abonar la cantidad restante.

¿Y si la Declaración es a devolver?

Si el resultado es a devolver, el autónomo puede acudir físicamente a su delegación de Hacienda, para aportar los datos necesarios para el cobro. También puede hacerlo vía telemática. Para ello, es necesario contar con la firma electrónica vigente, además del DNI electrónico o el PIN 24 horas.

Con estos elementos de identificación electrónica, los interesados tienen que cumplimentar y presentar el modelo D100. Este documento constata los rendimientos de las actividades económicas desempañadas anualmente por los solicitantes. En concreto, es obligatorio presentar las páginas 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16.

Aquí debemos marcar que la devolución sea a través de transferencia bancaria, si así lo deseamos. Incluso, es posible renunciar a la devolución, dejando la cantidad que nos correspondiera a favor del Tesoro Público.

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Los impuestos de las Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes a partir de 2016

Hasta el año 2015, las sociedades civiles y las comunidades de bienes que realizaban una actividad económica, han tributado en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es decir, su beneficio se calculaba según las reglas del IRPF, igual que lo hace una persona física que realiza una actividad económica (un autónomo o profesional). Una vez calculado de esta forma, el beneficio al final del ejercicio se le imputaba a sus socios en la proporción que le correspondía como socios de la sociedad según el contrato de constitución de la misma.

Esto suponía que la sociedad aplicaba las normas del IRPF para calcular su beneficio, pudiendo optar para este cálculo (y según se cumplan los requisitos exigidos) entre las siguientes opciones:

  • llevar una contabilidad completa (estimación directa normal),
  • llevar unos libros de ingresos y gastos (estimación directa simplificada) o
  • calcularlo según unos índices o módulos de la actividad (estimación objetiva o módulos).

Este beneficio final no era declarado por la propia sociedad, sino que se le atribuía a los socios en proporción a su participación en la misma, declarando cada uno de éstos su parte de beneficio en su declaración anual de renta (IRPF). Por ello, a estas entidades se les llamaba entidades en régimen de atribución de rentas.

Cómo es la tributación de las sociedades civiles y de las comunidades de bienes desde 2016

Dentro de la llamada Reforma Fiscal de 2015 se aprobó la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS). Esta ley modificó la regulación de este impuesto a partir del día 1 de enero de 2015, y entre los cambios que introducía, se encontraban algunos que entraban en vigor a partir del día 1 de enero de 2016.

Este es el caso de la tributación de las Sociedades Civiles. En el artículo 7 de esta ley, se establece que tributarán en este impuesto “las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil”.

Esta redacción tan escueta ha generado multitud de dudas sobre qué entidades tenían o no personalidad jurídica, qué era eso de “objeto mercantil” y que diferencias hay entre sociedades civiles y comunidades de bienes.

Después de un año de conjeturas, informes, consultas a la Dirección General de Tributos e incluso notas internas de instrucciones de la Agencia Tributaria (la última de ellas modificada con fecha 23 de diciembre de 2015), finalmente gran parte de estas dudas se han aclarado.

La tributación de las sociedades civiles a partir de 2016

La Agencia Tributaria (AEAT) considera que todas las sociedades civiles, una vez constituidas tanto en documento público notarial o privado, tienen personalidad jurídica salvo aquellas que sus pactos se mantengan secretos entre los socios, caso que se descarta por el mero hecho de aportar la copia de estos ante la AEAT para solicitar el NIF.

Es decir, salvo raras excepciones, la inmensa mayoría de las sociedades civiles tendrían personalidad jurídica y pasarán a tener que tributar en el impuesto de sociedades si tienen un objeto mercantil.

En cuanto a ese “objeto mercantil”, la Dirección General de Tributos ha establecido que tienen objeto mercantil aquellas que realicen una actividad económica de producción, intercambio o de prestación de servicios, salvo las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras o de carácter profesional.

En resumen, a partir del día 1 de enero de 2016, tributarán en el Impuesto de Sociedades todas las sociedades civiles que realizan una actividad económica, excepto las que realizan actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras o profesionales.

Sociedades Civiles Profesionales

Las sociedades civiles con actividad profesional, para poder seguir tributando en IRPF y no en Impuesto de Sociedades, deben haberse acogido expresamente a la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales en el acuerdo o en la escritura de constitución. Por tanto, el mero hecho de hacer una actividad clasificada como profesional no asegura la posibilidad de seguir tributando en IRPF, la sociedad civil debe estar acogida a la Ley de Sociedades Profesionales con todos sus requisitos.

¿Qué supone para las sociedades civiles pasar a tributar en el Impuesto de Sociedades?

Entre lo muchos cambios, las principales implicaciones fiscales son:

Obligación de llevar contabilidad:

La primera consecuencia para las sociedades civiles que comienzan en 2016 a tributar en el Impuesto de Sociedades es que deben aplicar las reglas de este impuesto para calcular su resultado, teniendo que llevar para ello una contabilidad ajustada al Código de Comercio y la legislación contable igual que una sociedad limitada u otra sociedad mercantil.

Cálculo del beneficio fiscal:

Las reglas de imputación de algunos ingresos y algunos gastos en el Impuesto de Sociedades son distintas de las del IRPF, especialmente en algunos casos como las amortizaciones o las dotaciones de provisiones y deterioros.

Impuesto a pagar:

El porcentaje (tipo impositivo) a pagar sobre el beneficio fiscal aplicado pasa de ser una escala progresiva (mayor porcentaje a medida que aumenta el beneficio) a ser un porcentaje fijo.

Cambio de obligaciones y modelos fiscales:

Las sociedades civiles deberán modificar sus obligaciones fiscales presentando una declaración censal (modelo 036), notificando su obligación de presentación del Impuesto de Sociedades.

Los socios de las sociedades civiles deberán modificar sus obligaciones fiscales presentando una declaración censal (modelo 037), notificando la baja en la obligación de presentar trimestralmente el modelo 130.

La tributación de las comunidades de bienes a partir de 2016

En principio, para las comunidades de bienes no cambia la tributación si ya estaban constituidas antes de la entrada en vigor de la nueva ley. En ese caso, seguirán tributando en el régimen de atribución de rentas del IRPF.

Sin embargo, para las comunidades de bienes que se constituyen a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, siguen existiendo dudas sobre su fiscalidad, puesto que aunque no tengan forma jurídica de sociedad civil pueden en el fondo tener un objeto y una actividad mercantil.

Por ello, la Agencia Tributaria publicó unas “Instrucciones sobre la constitución de nuevas sociedades civiles y comunidades de bienes a partir de 2015”, de la que se desprende que, para estas nuevas entidades, Hacienda va a asignar un CIF de sociedad civil o de comunidad de bienes no solo por la forma jurídica que presenta la entidad, sino por el fondo de la entidad: la existencia de un patrimonio anterior, la copropiedad de este patrimonio común entre todos los socios, la voluntad de la asociación, etc.

Es decir, para las comunidades de bienes creadas a partir de 2015 no existe una seguridad sobre su tributación a partir de 2016 hasta que la Agencia Tributaria le asigne un CIF de comunidad de bienes (CIF que comienza con la letra E) o de sociedad civil (CIF que comienza con la letra J). Según este código de identificación fiscal que le sea asignado, la tributación será en IRPF o en Impuesto de Sociedades, respectivamente.

Sin duda, esta situación de incertidumbre e inseguridad jurídica se irá resolviendo a partir de 2016 con las nuevas resoluciones de la Administración, que iremos actualizando conforme se vayan publicando y aclarando.

Las principales novedades fiscales de 2017

Las empresas notarán ya en el pago fraccionado de abril la subida del Impuesto sobre Sociedades y se prorroga un año más el Impuesto de Patrimonio.

La subida del Impuesto sobre Sociedades y el aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en unos 2.500 municipios son las principales novedades fiscales de 2017, en el que no se esperan cambios ni en el IRPF ni en el IVA, y a la espera de que el Gobierno apruebe este año el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas.

Las empresas comenzarán a notar ya en el pago fraccionado del mes de abril, el primero del año 2017, el incremento del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado mes de diciembre y con el que el Gobierno espera ingresar 4.650 millones de euros adicionales.

A pesar de que el aumento del impuesto entró en vigor el 3 de diciembre, Hacienda aclaró que no se aplicaría hasta el primer pago fraccionado de 2017 que deben presentar las empresas entre el 1 y el 20 de abril, dado que el plazo del último pago a cuenta de 2016 había empezado el día 1 de diciembre, dos días antes de la entrada en vigor de la reforma del impuesto.

En concreto, el Gobierno ha modificado la exención por dividendos y ha establecido la no deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades, siempre que se trate de participaciones con derecho a exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en participaciones.

Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado.

A su vez, queda aprobada la reversión de los deterioros de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir de esa fecha no lo son y deberán realizar por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años.

Igualmente, se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes: al 25% para empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones y al 50% con una cifra de negocios de entre 20 y 60 millones.

Adicionalmente se establece un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición, que se cifra en el 50% de la cuota íntegra para empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

Nuevos endurecimientos en los aplazamientos de deuda

También en materia del Impuesto sobre Sociedades, a partir de 2017 entra en vigor el endurecimiento de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas con Hacienda. De esta manera, se suprime desde este año la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta, y no se podrán ni aplazar ni fraccionar las obligaciones tributarias que deba realizar el obligado a realizar pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.

Igualmente, con efectos a partir de este mismo domingo, 1 de enero, se prorroga un año más el Impuesto sobre el Patrimonio y entra en vigor la actualización de los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2017, que afectará a un total de 2.452 municipios.

Lo que no sufrirá ninguna modificación de cara a 2017 será ni el IRPF ni el IVA, que se mantienen sin cambios. Los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco también se han elevado, pero estas subidas entraron en vigor el 3 de diciembre, por lo que comienzan el año con las mismas tasas con las que cerraron 2016.

A lo largo del próximo año también entrará en vigor el nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas, que el Gobierno quiere negociar con los grupos parlamentarios y, por tanto, aún está sin definir la base imponible o la cuota a aplicar. Asimismo, el Ministerio de Hacienda quiere aprobar nuevas medidas en materia de fiscalidad medioambiental, que también están todavía por concretar.

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